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A mediados de diciembre del año 2005, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, en un penoso y largo debate, aprobó un paquete de reformas migratorias conocidas como " HR 4437 " , con la cual pretende reprimir aún más la migración indocumentada que ingresa a dicho país.
Nuestra Institución se une al clamor de cientos de organizaciones que defendemos los derechos humanos de los migrantes y expone su rechazo total a esta iniciativa de ley conocida como " Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal " , ya que, con su aprobación y entrada en vigencia, pretenden someter a los y las inmigrantes a condiciones onerosas de libertad condicional o encarcelamiento antes de su deportación, extender las estrategias de control migratorio al interior de los Estados Unidos, profundizando la militarización de la región fronteriza, cambiando la figura jurídica de indocumentado a falta grave o delito grave a la vez que ordenará la construcción de una nueva valla en la frontera sur a lo largo de los estados de California, Texas, Arizona y Nuevo México.
La reforma migratoria impulsada por el republicano James Sensenbrenner, la cual esta siendo apoyada por la Casa Blanca , privilegia sólo aspectos de seguridad nacional y no considera la regularización de indocumentados ni programas de empleo temporal para quienes se encuentran residiendo de forma indocumentada en los Estados Unidos.
Este proyecto de ley ha sido calificado por Amnistía Internacional como "un retroceso histórico a los derechos humanos", ha despertado un fuerte movimiento de denuncia y repudio por las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los migrantes. El Gobierno de México y algunos países de Centro América han expresado su rechazo debido a que, al aplicar la ley, implicará un alarmante aumento de los riesgos del viaje y, consecuentemente, causar mayores violaciones a los derechos de las personas que pretenden, indocumentados, ingresar y residir en los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida o que viven en ese país bajo un estatus migratorio temporal.
Nuestra Institución considera que al entrar en vigencia esta iniciativa de ley, será excesivamente perjudicial para la economía de ambos países y la unidad familiar, trayendo consigo consecuencias devastadoras en la comunidad migrante de la que forma parte cerca de 400,000 salvadoreños indocumentados y los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, que viven, trabajan y pagan sus impuestos en dicho país
A pesar de que reconocemos el legítimo derecho que tiene el Gobierno de los Estados Unidos a dictar las políticas que considere convenientes para salvaguardar sus intereses, las medidas que tome no deberían de atentar contra la dignidad y los derechos fundamentales de los migrantes, en especial la unidad familiar, el derecho al trabajo, la libre movilización, el derecho a la vida: Con este tipo de medidas lo que se promueve es el incremento de la xenofobia, le da impulso a los grupos racistas y se demuestra la intolerancia de los funcionarios hacia el fenómeno migratorio. Y la migración no la detienen.
Por lo tanto solicitamos:
- Al Presidente Salvadoreño a que tome una posición clara y consecuente a los intereses de la comunidad salvadoreña que reside en los Estados Unidos.
- A Cancillería, que asista a la reunión de Cancilleres en México con un planteamiento claro sobre la problemática y con el interés de unificar una posición común para plantear una estrategia e incidir en el Senado de los Estados Unidos.
- Que Cancillería desarrolle una estrategia de incidencia ante la administración Bush y ante el Senado de los Estados Unidos, para que la versión de ley que pueda surgir en dicha instancia sea lo menos nociva a los intereses de los migrantes.
- A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa de El Salvador, les solicitamos a que se pronuncien sobre la inminente aprobación de la HR 4437 y gestionen ante los miembros del Senado de los Estados Unidos, para que las iniciativas que promuevan y aprueben sean más congruentes con los derechos humanos de los migrantes.
- Como CARECEN Internacional, preocupados por el impacto nocivo que tendrá la implementación de una ley de esta naturaleza entre los cientos de miles de migrantes salvadoreños indocumentados, coordinamos con las organizaciones de la comunidad salvadoreña en dicho país, la realización de diferentes actividades de incidencia al Senado y la administración Bush.
El impacto que traerá la implementación de esta iniciativa migratoria nos afectara a todos por igual, sin excepción. El hecho que nos hayan otorgado en el pasado un Programa de Protección Temporal (TPS), y que vence en septiembre del presente año, no quiere decir que no vayan a aplicarnos todo el rigor de esta nueva ley.
No hay razón para que nuestras autoridades tomen una actitud pasiva con relación al tema migratorio, ya que las reformas migratorias que se están aprobando impactarán a fondo, no solo en la economía, si no, también, incrementarán la inestabilidad social que padece nuestro pueblo Estas iniciativas de leyes son mucho más que el levantamiento de un muro o el fortalecimiento de las patrullas fronterizas. Están aprobando y avalando la aplicación de un conjunto de disposiciones que atentan contra el bienestar de nuestros migrantes, alentando el racismo y la xenofobia en perjuicio de quienes lo único que hacen es arriesgar todo en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.
El Senado de los Estados Unidos se prepara para debatir esta iniciativa de ley y se proyecta que la estará debatiendo a principios de febrero del 2006, según lo manifestado por el senador Bill Frist , líder de la mayoría republicana y quien es la persona que fija la agenda legislativa de dicha cámara.
Por lo anterior solicitamos al Gobierno de la República de El Salvador a que realice todas las acciones que estén a su alcance, para que las autoridades estadounidenses reflexionen sobre las implicaciones que en materia humanitaria, económica y social tendrá la aprobación de esta reforma migratoria la cual es bastante lesiva, y que se anteponga la razón y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, antes de ser sometida al debate y la aprobación de dicha ley en el Senado de los Estados Unidos.
San Salvador, enero de 2006. |
