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Observaciones y Recomendaciones de la Sociedad Civil presentadas en el marco de La Reunión Regional para las Américas

 
 

•  El fenómeno de las migraciones internacionales responde a una dinámica global que, en el mundo y en el continente se está incrementando y complejizando.

•  Los migrantes americanos se trasladan a cualquier parte del mundo, mientras varios países del hemisferio son países de tránsito y/o destino de migrantes latinoamericanos y, de manera creciente, de otros continentes. También nuestros países son receptores de movimientos de retorno.

•  Esos movimientos humanos de trabajadores y sus familiares se realizan de manera cada vez más vulnerable y riesgosa ante la falta de vías legales para emigrar.

•  Los gobiernos no muestran la suficiente preocupación por la vida y las condiciones de los migrantes que se encuentran en sus países. Al contrario, desarrollan políticas de control y contención cada día más estrictas y sin impacto en una dimensión de los flujos. Dejan incrementar el número de trabajadores y sus familias que viven en la irregularidad, después de contribuir por años a su economía y sociedad, sin tener acceso al goce de sus derechos.

•  Esas políticas resultan directamente en el aumento de los riesgos en el trayecto migratorio que inclusive llevan a la esclavitud o muerte de los migrantes. Con ello, fortalecen los negocios de los tratantes de personas y los traficantes de migrantes.

•  Cuando se habla de migrantes en el exterior, los gobiernos han centrado su atención en la recepción de las remesas, y sólo se habla del tema de la migración en relación con el desarrollo a partir de la utilización de esas divisas. No existen políticas de desarrollo orientadas a las comunidades de origen para disminuir las presiones migratorias o facilitar la reinserción de los migrantes a su regreso. Al contrario, se pretende responsabilizar a los migrantes en el exterior, del desarrollo nacional.

•  Salvo contadas excepciones, la enorme mayoría de gobiernos en el continente no ha tenido la voluntad política necesaria para asignar recursos adecuados y formar a sus funcionarios para llevar a cabo la efectiva protección y defensa de sus nacionales en el exterior. Como consecuencia de esa política del laisser faire , los países de destino son quienes definen las reglas del juego unilateralmente.

•  De esa manera se favorece la comisión de diversas violaciones a los derechos humanos de los migrantes y sus familiares, como la falta de acceso al debido proceso y a la justicia, a sus derechos laborales, a las garantías sociales -educación, salud entre otros. Se construyen a los trabajadores migratorios como personas sin derechos, como un recurso sustituible o desechable.

•  En el plano de las Naciones Unidas, si bien se han dado avances considerables como la creación de la Relatoría Especial para los Derechos de los Migrantes y la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, la dimensión y complejidad del fenómeno rebasan la capacidad de estos mecanismos e instrumentos y demandan de una atención y tratamiento a su medida.

•  Políticas de Estado en materia migratoria

•  La mayoría de los países de América carecen de política de Estado en materia migratoria y en aquellos casos en que ha sido desarrollada, pocas veces tiene contenido de derechos humanos.

•  El diseño de esas no puede quedarse rezagada por los motivos arriba señalados. Pues es evidente, aunque no exclusiva, la conexión entre falta de política, migración ilegal, explotación laboral y trata de personas. El diseñó y formulación de políticas adecuadas a la realidad de los flujos de cada país, es una tarea pendiente que debe ser resuelta.

•  Cualquier política de Estado en la materia debe inspirarse en el respeto de los derechos humanos, orientarse a la disminución de las presiones migratorias y la apertura de vías legales para los trabajadores migratorios en coherencia con la evolución demográfica y económica de los países.

•  Su desarrollo e implementación deben involucrar esfuerzos de cooperación bilateral, regional e internacional.

•  Globalización y Desarrollo Local

•  La globalización ha dado inicio a varios procesos de negociación y firma de acuerdos de libre comercio que afectan sectores de producción y de población, teniendo un impacto innegable en los flujos migratorios.

•  Estas medidas económicas tienen repercusiones negativas particularmente en los pequeños agricultores y la pequeña y mediana empresa. Muchas de estas personas son migrantes hoy o lo serán muy pronto ante la falta de adopción de opciones reales de desarrollo para ellos y sus familias. Ya no son competitivos y los empleos o proyectos que les son accesibles son apenas suficientes para mitigar el hambre o para la sobrevivencia familiar.

•  Es necesario incluir a las comunidades y familias migrantes en los planes y programas de prevención y combate a la pobreza orientados a disminuir las presiones migratorias y compensar los efectos destructivos de esas políticas; desarrollar programas de reinserción de migrantes deportados y de reintegración socioeconómica de las víctimas de la trata de personas

  •  Naciones Unidas y la Protección a Migrantes

  El conjunto de tratados que integra el sistema de protección a los derechos humanos de las Naciones Unidas y los sistemas regionales son aplicables a los migrantes, sin embargo su notable falta de acceso al goce de sus derechos ha motivado a los Estados a proponer la redacción y adopción de un instrumento específico, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

•  La Convención de 1990 no ha sido ratificada por ningún país de destino, por lo que los esfuerzos tanto para lograr un mayor número de ratificaciones como para su cabal aplicación deberán ser intensos. Asimismo debe atenderse la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales y el desarrollo de medidas que asegurar la implementación de las garantías contenidas en ellas.

•  La dificultad de la accesibilidad y justiciabilidad de los derechos de los migrantes y sus familiares; la dimensión y complejidad del fenómeno migratorio demandan de la Organización de las Naciones Unidas una atención especializada que no se podría dar adecuadamente sin la asignación de responsabilidad a un organismo específico.

•  Dicho organismo deberá fundamentar su mandato en el respeto a los derechos humanos de las personas que migran internacional e internamente así como de las personas tratadas o en riesgo de ser tratadas. Su mandato deberá comprender: elaborar los principios y criterios que deben ser respetados en la elaboración de cualquier política en materia migratoria, ofrecer asesoría técnica a los gobiernos para el desarrollo de políticas y programas, facilitar procesos de coordinación y diálogos bila- terales, regionales e internacionales que afecten los derechos de los migrantes y/o tengan un impacto en los flujos, realizar y fomentar la investigación y la publicación de informes, coordinarse con otras agencias del sistema, gobiernos y sociedad civil, fomentar la participación de la sociedad civil, ofrecer capacitación, monitorear, verificar y difundir la situación de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares.

Organizaciones Firmantes:

•  American Friendo Service Committee (Estados Unidos de América)

•  Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Estados Unidos Mexicanos)

•  Foro Migraciones (Estados Unidos Mexicanos)

•  Global Rights (Estados Unidos de América)

•  Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo -INCEDES- (República de Guatemala)

•  Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones (República de Nicaragua)

•  Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones -RROCM-

Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

 
 
 
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